LOS PROCESOS ACTIVOS PARA IMDEMNIZACIÓN DE FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

 

A la fecha 12 de agosto de 2026, están vigentes 40 procesos judiciales contra el Estado, activos, por el Holocausto del Palacio de Justicia, los cuales suman pretensiones de más de 161.000 millones de pesos. Ya se ha pagado una suma similar a las víctimas.

Es el costo que a varias generaciones de colombianos nos toco y tocará pagar por cuenta de la “”Operación Antonio Nariño” donde quedo documentado que un grupo de bandoleros de la guerrilla marxista del m-19, con apoyo de algunos espías al interior del Palacio de Justicia, se tomaron las instalaciones con el fin de desaparecer en medio del fuego los expedientes de extradición de los más grandes narcotraficantes de Colombia y del mundo para el año 1985, y de esta manera no se pudieran reconstruir los expedientes de acuerdo con las disposiciones vigentes del extinto código de procedimiento civil.

Entre los casos activos se encuentran los de 4 desapariciones forzadas, 3 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado, dos muertes de civiles en medio del operativo militar.

Entre los casos ya terminados que culminaron en condena económica contra el Estado, se encuentran: muerte de civiles por los actos terroristas del M19, desapariciones forzadas, lesiones a civiles por actos terroristas, indebido manejo de cadáveres por cuenta de las autoridades, incumplimiento del deber de protección y seguridad por parte del Estado y muertes de civiles en medio de operativos militares.

Aunque la mayor responsabilidad la llevaron los militares que realizaron la retoma, lo cierto fue que el estado fue condenado por no lograr evitar que los guerrilleros ingresaran al recinto a masacrar a los magistrados de quienes dependía la extradición del Cartel de Medellín, hacia Estados Unidos. En los procesos judiciales quedo demostrado no solo estos vínculos ilícitos, sino también la falta de control en la operación de la retoma del Palacio de Justicia, juntando los ingredientes para responsabilizar a la final al Estado a pagarle a los familiares de las victimas las indemnizaciones.

¿Por qué fueron tan altas las indemnizaciones? Por los sueldos que devengaba el personal que falleció o sufrió lesiones en esta toma, una gran cantidad de funcionarios de alto cargo, ganaban lo mismo que el Presidente de la Republica en esa época (magistrados inmolados).

LECCIONES LEGALES SOBRE LAS OPERACIONES DE POLICIA-TERCERA PARTE

 

Lecciones aprendidas del pasado. (3 parte)

El Estado colombiano ha sido condenado en múltiples ocasiones por fallas en la planeación, desarrollo o ejecución y la retroalimentación en operaciones militares y de policía adelantadas sin seguir los protocolos aplicables para cada evento, y se le ha obligado a indemnizar patrimonialmente a las víctimas de los efectos de la mala planeación de sus comandantes.

En el presente articulo analizaremos las implicaciones legales producto del análisis objetivo de la planeación en un caso muy conocido donde fallecieron estudiantes de la Policía Nacional.

Explosión de carro bomba preparado por el ELN, en la Escuela de Cadetes José María Córdova, en Bogotá D.C., el 17 de enero de 2019, donde fallecieron alrededor de 23 estudiantes para oficial de policía nacional.

En consideraciones del Tribunal Administrativo y del Consejo de Estado, se determinó y se logró dar por demostrado la existencia de las siguientes fallas, determinantes del acceso a la Escuela de Cadetes del carro bomba que termino impactando al interior de la Institución:

 

1.       1. no había caninos antiexplosivos, dispuestos a la entrada del complejo mencionado. 

2.       2. los espejos de inspección de la parte inferior de los vehículos estaban dañados o rotos.

3.       3. había fallas en el sistema de apertura automática de la puerta, desde hace años atrás, lo que obligaba a mantenerla abierta todo el tiempo, porque tocaba empujarla entre varias personas para abrirla y cerrarla.

4.     4. solo un patrullero estaba de guardia ese día en el sitio, cuando debía haber un numero bastante superior según los protocolos.

                                                            

La familia de uno de los fallecidos demando a la Institución, alegando la Falla del Servicio logrando que el Consejo de Estado indemnizara a toda la familia (padres, hermanos, tíos, abuelos) por el daño moral que sufrieron. Además, que, a los padres o abuelos, les otorgaron, por medio de una ley creada en el Congreso de la Republica para enmendar los graves errores, la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de sus hijos, o nietos.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR SECUESTRO DE UNIFORMADOS DE LA FUERZA PUBLICA.

Secuestro de militares en Miraflores -Guaviare por parte de las FARC
3 y 4 de agosto de 1998, en el municipio de Miraflores – Guaviare, el bloque oriental de la guerrilla de las FARC conformado por unos 1000 hombres, se tomaron la base militar de ese municipio, en la cual había poco más de 150 militares, entre soldados de carrera, soldados regulares (los que prestan servicio militar) y suboficiales. Los atacan de noche, no había luz en la base militar, y se consideraba una toma anunciada. Donde los superaron en número y terminaron secuestrados durante varios años.
Cuales fueron las fallas que según el Consejo de Estado se pudieron evitar:
1.       Era una toma que había anunciado las FARC hace un mes antes, por informes de inteligencia militar que se conocían de antemano. Por eso se conocía el inminente ataque y la necesidad de llevar refuerzos a la zona.

NOVEDADES SOBRE EL DECRETO 533/2025 JUNTAS MÉDICAS POLICIA-MILITARES

La junta medica Militar y de Policía es algo así como la ARL para el personal uniformado    que integra el ejercito la Policía la fuerza aérea y la armada nacional esta calificación es fundamental para recibir las indemnizaciones que la ley les otorga en cuanto a la pérdida de capacidad psicofísica de acuerdo con las circunstancias con los que sufrieron las lesiones o las enfermedades.

Este nuevo decreto del 16 de mayo trae varias novedades que quiero reunir en este video hay dos causales que se establecieron de manera clara  y especifica  este decreto, y la primera es que usted podrá convocar su junta médica laboral, estando en servicio activo, siempre y cuando haya sufrido tres meses continuos o discontinuos de  discapacidad dentro del último año, contado a partir de la fecha

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEBEN SER GENERALES, IMPERSONALES Y ABSTRACTAS.

                                 

Hicimos un análisis rápido de la nueva 24 83 del 18/07/2025 que modifica la Ley 19 28 del 2019, en relación con beneficios prestacionales y pensionales para los familiares de los cadetes fallecidos en los atentados terroristas, perpetrados por el ELN en la escuela militar de cadetes el 17 de enero de 2019. Se estableció con el objetivo con la finalidad de poder proteger a los familiares de los cadetes fallecidos en los atentados terroristas, debido a que la norma anteriormente, no establecida beneficios, tales como pensiones de invalidez, con un grado de oficial, una indemnización por pérdida de capacidad psicofísica por fallecimiento de la persona y otra serie de beneficios que se establecieron con esta ley a raíz de esos atentados.

Vemos que la naturaleza de estos atentados terroristas existen tres calificaciones de las lesiones que una persona uniformada en la policía o el ejército puede sufrir dentro del servicio, existen

COMO SE CALIFICAN LAS LESIONES EN LAS JUNTAS MEDICAS DE POLICIA Y MILITAR, CONFORME EL DECRETO 533 DE 2025?

 

El Decreto 533 de 2025 trae unas novedades en la forma de calificar las lesiones en el servicio, del personal uniformado de la Fuerza Pública, lo que implica que las calificaciones serán mas objetivas y estarán determinadas previamente de forma mas transparente, que como estaban predispuestas en el Decreto 094 de 1989.

Los tres anexos que tiene el anterior Decreto consisten en:

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR EL ATENTADO MORTAL A MIGUEL URIBE TURBAY?

En el año 2025 no se podrá olvidar el cobarde y vil atentado contra Miguel Uribe. Pero yo no te vengo hablar de política, ni de derecha ni de izquierda. Te voy a hablar de la responsabilidad del Estado y porque muy probablemente todos los colombianos vamos a terminar pagando una suma millonaria para costear una muy segura condena judicial, por los errores de la Unidad Nacional de Protección.
Para que se reúnan las condiciones para que un juez o un tribunal decrete la responsabilidad del Estado por acción o por omisión en alguna actividad pública. Imputable a una autoridad publica se deben reunir cuatro elementos. 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: LOS LÍMITES A LA POTESTAD SANCIONATORIA

La Autonomía Universitaria, es un derecho constitucional tutelado por el artículo 69 de nuestra Carta Magna, lo cual significa que se garantiza la forma de auto-gobierno en el tema jurídico, pudiéndose dar propios estatutos. A pesar de lo anterior, el espíritu de la Constitución preserva la protección de-ontológica implícita en su Preámbulo y su articulado sistemáticamente, de los derechos de las personas, sus derechos constitucionales en particular.

Es de esta forma que con ocasión de este tema se ha pronunciado la Corte Constitucional, en su sentencia T-152 de 2015, que reitera la Línea Jurisprudencial ya sentada de varios años atrás,