En el año 2025 no se podrá olvidar el cobarde y vil atentado contra Miguel Uribe. Pero yo no te vengo hablar de política, ni de derecha ni de izquierda. Te voy a hablar de la responsabilidad del Estado y porque muy probablemente todos los colombianos vamos a terminar pagando una suma millonaria para costear una muy segura condena judicial, por los errores de la Unidad Nacional de Protección.
Para que se reúnan las condiciones para que un juez o un tribunal decrete la responsabilidad del Estado por acción o por omisión en alguna actividad pública. Imputable a una autoridad publica se deben reunir cuatro elementos.
Básicamente el primero es el título de imputación, es decir, la forma como se le va a imputar la responsabilidad a la entidad pública demandada.
El segundo pues que tiene que existir un daño.
El tercero, una acción o una omisión de la autoridad pública.
Finalmente el cuarto, una relación de causalidad entre esa acción u omisión de la autoridad pública y el daño cometido sufrido por la persona.
El Consejo de Estado ya ha condenado en innumerables ocasiones a la Unidad Nacional de Protección. Por existir omisiones que dieron lugar u origen a que se cometieran atentados que se cometieran daños contra personas que requerían esta protección especial y una de las causales que el consejo de Estado analiza para la procedencia de la responsabilidad, es que, entre otras, existan informes de seguridad donde alerten del alto riesgo de permitir que esta persona transite o se dirija a otra comunidad o a un pueblo sin la protección de vida y por otra parte, que existan antecedentes donde esta persona solicita la protección debida adecuadamente en la forma establecida en la ley que se hicieron los requerimientos por escrito y que la entidad o no los prestó la mayor atención o se relajó en el momento de tomar la determinación.
Y aquí hay que tener en cuenta 3 pruebas, la primera es que Miguel Uribe presentó más de 25 peticiones en el 2025 de protección de su persona para diferentes eventos que le ha estado realizando como precandidato presidencial, como lo han sido los otros candidatos presidenciales que estuvieron en el 2022. Y estas peticiones no fueron atendidas.
También hay que tener en cuenta que existían unas alertas de seguridad y unos informes previos donde establecía que el riesgo era extraordinario en caso de que el anduviera sin protección debida. Ojo, no dijeron que el riesgo era medio no dijeron que el riesgo era alto, no dijeron que el riesgo era abajo, era extraordinario.
Y por supuesto. Por último, no olvidemos que la Unidad Nacional de Protección obedece a un jefe que es el Presidente de la República. Aquí en el 2023 dio la orden de reducir los esquemas de seguridad de los políticos, con motivo, sin criterios, pues eso lo decidirá la Justicia Colombiana.
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