Una acción de tutela es un mecanismo legal y constitucional, mediante el cual una persona, de cualquier edad, puede solicitar al juez la defensa rápida y eficaz de los derechos fundamentales (vida, intimidad personal y familiar, debido proceso, de peticiones, salud, seguridad social, derecho al trabajo, entre otros).
Esta herramienta jurídica, nos permite acceder a protección eficaz y efectiva en un amplia gama de posibilidades, entre las que encontramos:
- Atención en determinados asuntos en salud, como medicamentos, procedimientos y certificaciones.
- Reclamación de salarios, o prestaciones sociales en tu trabajo o labor.
- Solicitud de prestaciones económicas como incapacidades laborales, de origen común y profesional.
- Reclamación de pensiones (de vejez, invalidez, sustitución pensional, pensión de sobrevivientes).
- solicitud de documentos, o de inicio o culminación de algún tramite o procedimiento en entidades publicas o privadas.
- Atacar providencias judiciales en determinadas circunstancias.
- y otras opciones mas.
Este mecanismo se encuentra consagrado en el Decreto 2591 de 1991, y sus características mas importantes son:
- Se puede utilizar como opción ante la ausencia de otros mecanismos legales para reclamar su pretensión, a menos que se utilice como opción transitoria para evitar perjuicios irremediables ante la eventual afectación de sus derechos fundamentales.
- Es una acción ágil, que tarda 10 días entre la solicitud y la respuesta del Juez, definitiva, en la primera instancia (20 días si se impugna la decisión por cualquiera de las partes)
- Es una acción informal, en la cual disminuye el nivel de exigencia de formalismos, y le permite su propia defensa.
Las exigencias para elaborar una acción de tutela son muy especificas según el caso. Una excelente asesoría inicial, te permitirá obtener protección en asuntos que, de otra manera, demorarían mucho tiempo en resolverse por otras vías legales.